El nuevo trabajo de María Goiricelaya, «Altsasu«, se estrena el 28 de octubre en el Teatro Arriaga. Lo hace en euskera a las 19.30 horas. La representación se puede ver en castellano el 29 a las 19.30 horas y el sábado 30 a las 19.00 horas. La propia María Goiricelaya firma la dramaturgia y dirige «Altsasu», cuya versión en euskera ha sido realizada por Kepa Errasti.
Egoitz Sánchez, Aitor Borobia, Ane Pikaza y Nagore González son los cuatro actores que interpretan esta obra de mercado carácter social, que se plantea entre sus objetivos los de contribuir a restañar las heridas y a desvelar las cicatrices. Al mismo tiempo, trata de poner el acento sobre los aspectos éticos, jurídicos, filosóficos y psicológicos de la problemática que se aborda en la obra. Hay que recordar que María Goiricelaya ha sido recientemente finalista en los Premios Max por la obra «Harri orri ar/El patio de mi casa», de distinta temática, pero que comparte con «Altsasu» su afán investigador y de documentación, y su propósito de alcanzar la verdad, la justicia y la reparación.
El perdón, la reparación y la reconciliación son algunos de los aspectos que subyacen en «Altsasu». Es una obra que pone sobre la mesa temas como la Justicia, su contaminación y la vulneración de los códigos. También la labor de los medios de comunicación y su influencia a la hora de determinar la fijación de significados en la sociedad y la interpretación de los sucesos.
DE SUCESO A ASUNTO DE ESTADO
El caso al que se refiere la obra «Altsasu» es de sobra conocido. En la madrugada del 15 de octubre de 2016, se produce a las puertas del bar Koxka, en Altsasu (Navarra), un altercado en el que se vieron implicados varios vecinos del pueblo, dos agentes de la Guardia Civil y las parejas de estos. El resultado fue de dos detenidos y un tobillo, el del teniente, roto. En menos de 24 horas, Altsasu se convierte en un plató de televisión y en menos de un día y medio el caso en un asunto de Estado. Los denunciantes se niegan a declarar ante la Policía Foral, algo que sí hacen ante sus compañeros de la Guardia Civil.
El giro de este espectáculo se produce cuando COVITE, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco, denuncia los hechos ante la Audiencia Nacional. Esta organización introduce la acusación de terrorismo y el operativo policial contra nueve jóvenes se pone en marcha. Siete de ellos ingresan en prisión inmediatamente. A la vista oral que comienza el 16 de abril de 2018 se llega con peticiones fiscales de entre 62 y 12 años en prisión para ocho jóvenes. El juicio es seguido con expectación en todo el estado español por lo que puede significar de cara al recorte de las libertades y el abuso de la expresión «terrorista» que impulsa la Fiscalía.
